La Legislatura aprobó la suspensión de cortes de servicios esenciales para sectores vulnerables

La norma frena interrupciones de luz, gas y agua potable hasta fines de 2027 para personas en situación económica crítica. También obliga a planes de pago accesibles y reconexión sin costo.

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La Legislatura de Río Negro aprobó una ley que suspende los cortes de servicios públicos esenciales —electricidad, gas y agua potable— para usuarios en situación de vulnerabilidad económica. La iniciativa fue impulsada por la legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos.

El proyecto apunta a proteger a quienes hoy no pueden afrontar el pago de estos servicios en medio del complejo contexto económico. Entre los sectores alcanzados se encuentran jubilados, trabajadores informales, personas desempleadas y personas con discapacidad.

Durante el debate en el recinto, Odarda sostuvo que el deterioro de las condiciones de vida requiere respuestas urgentes por parte del Estado. Señaló que los bajos salarios, las jubilaciones mínimas insuficientes y el aumento sostenido del costo de vida colocaron a miles de familias en una situación límite, donde pagar una boleta implica resignar otras necesidades básicas.

La nueva ley establece la suspensión de cortes hasta el 31 de diciembre de 2027 para usuarios vulnerables y amplía los criterios de inclusión. De esta manera, incorpora a personas con ingresos por debajo de la canasta básica y hogares que tengan a cargo integrantes con discapacidad. Además, suma el servicio de agua potable al régimen de protección.

Otro de los puntos centrales es la simplificación del acceso al beneficio, ya que podrá tramitarse mediante declaración jurada, tanto de manera presencial como digital. También obliga a las empresas prestatarias a ofrecer planes de pago acordes a la capacidad económica de cada usuario, con cuotas que no superen un porcentaje razonable de la factura.

La norma también dispone que, si ya se hubiera producido un corte, el servicio deberá restablecerse en un plazo máximo de 48 horas y sin costos de reconexión. En paralelo, prevé sanciones para las empresas que incumplan lo establecido.

Odarda destacó el trabajo conjunto con organizaciones sociales y de derechos humanos en la elaboración del proyecto, y agradeció especialmente a la senadora nacional Ana Marks, a la APDH Bariloche y a la APDH Alto Valle.

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