La Cámara Penal de la ciudad de Buenos Aires inició la revisión del fallo de la jueza Laura De Marinis, quien declaró inconstitucional la reducción a 14 años de la edad de imputabilidad en el nuevo régimen penal juvenil y sobreseyó a un menor que intentó robar un celular.
Desde este viernes, el tribunal está en condiciones de emitir una resolución, y se espera que la próxima semana dicte sentencia, informaron fuentes judiciales a Clarín.
La jueza De Marinis sobreseyó a un adolescente de 14 años que, el 10 de septiembre pasado, intentó junto a otros menores sustraer un celular a un hombre en Palermo. La magistrada lo desvinculó del caso tras declarar inconstitucional el artículo 1 de la nueva ley de menores, que estableció la edad de imputabilidad en 14 años. Esta norma, vigente desde el 5 de septiembre, prevé una escala de sanciones donde la detención es la última instancia y se aplica solo a delitos especialmente graves y violentos.
En su fallo, De Marinis argumentó que la reducción de la edad de imputabilidad resulta regresiva y vulnera la protección integral de los derechos de los menores. Además, consideró que el joven se encuentra en una situación familiar y social vulnerable, y que el delito cometido —tentativa de robo— no es grave.
El fiscal Mauro Tereszko apeló la decisión. El caso será analizado por los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires: Jorge Franza, Ignacio Mahiques —hermano del ministro de Justicia de la Nación, Juan Mahiques— y Patricia Larroca.
Antes de resolver, el tribunal solicitó opinión a las partes involucradas: la defensa oficial, la Fiscalía de Cámara y la asesoría tutelar. El plazo para presentar sus posiciones vence este viernes. Posteriormente, los magistrados decidirán si confirman o revocan el fallo.
El Código Procesal Penal de la ciudad establece que, una vez recibidas las opiniones de las partes, el caso “se resolverá de inmediato”, sin precisar plazos. Según fuentes consultadas, se prevé que la resolución se conozca la próxima semana.
La decisión de la jueza fue duramente cuestionada por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y por funcionarios del gobierno nacional de Javier Milei. El Ejecutivo porteño presentó un pedido de juicio político para destituir a la magistrada por mal desempeño.
En respuesta, la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y un grupo de cerca de 100 jueces emitieron comunicados en respaldo a De Marinis, rechazando el pedido de juicio político. La FAM, entidad que agrupa magistrados de todo el país, señaló que ante una decisión judicial que no se comparte existe el mecanismo de la apelación para su revisión.
“Esta Federación no emite opinión sobre el acierto de esa decisión. La crítica de las sentencias es legítima en una sociedad democrática, y quienes discrepan con ellas cuentan con las vías recursivas que el ordenamiento prevé”, afirmó la FAM.
Asimismo, advirtió que recurrir a mecanismos disciplinarios o de remoción como respuesta al criterio jurídico de un magistrado desnaturaliza esos institutos y genera un efecto intimidatorio sobre toda la judicatura. “El control de constitucionalidad y convencionalidad no es una facultad discrecional sino un deber que la Constitución Nacional impone a todo juez. Promover represalias contra un juez por ejercer esta función, lejos de fortalecer la democracia, debilita el sistema de control del poder establecido por la Constitución. Las libertades de expresión y de opinión no legitiman el hostigamiento ni las presiones indebidas”, añadió, denunciando un “hostigamiento contra la jueza Laura Beatriz De Marinis con motivo del contenido de una resolución jurisdiccional”.
En sentido similar, 91 jueces y juezas de la ciudad afirmaron que, “más allá de si un pronunciamiento judicial es o no compartido, las mínimas condiciones de vigencia del Estado de Derecho y la forma republicana de gobierno —que incluye el principio de separación de poderes— exigen respeto hacia las decisiones basadas en la Constitución adoptadas por los jueces y juezas en ejercicio de la magistratura y en las causas de su competencia”.
“Promover un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia atenta gravemente contra la independencia judicial, la cual fue instituida por el constituyente no en beneficio de los jueces, sino en defensa de los derechos y garantías de las personas, para evitar que estos sean vulnerados por cualquier otro poder, dentro o fuera del Estado”, señalaron. Además, destacaron que el fallo fue apelado para su revisión, lo que demuestra que el sistema jurídico está utilizando, como corresponde, los mecanismos legales.
En el plano político, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, se distanció de ambas posturas. Bullrich manifestó que no comparte el fallo, pero tampoco el pedido de juicio político.
Esta fue la segunda decisión judicial que cuestionó la ley. A principios de mes, la jueza de menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, suspendió por 60 días la aplicación de la norma en toda la provincia de Buenos Aires, lo que también motivó críticas y pedidos de juicio político. Ese fallo fue revocado días después por la Cámara.