Informes oficiales dan cuenta de que la tarifa eléctrica en Río Negro es mucho más elevada de que lo que determina Nación.
La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca (CAIC) manifestó su preocupación ante el fuerte incremento en las tarifas eléctricas y la falta de transparencia en la información oficial sobre la estructura de costos en la provincia de Río Negro. Según datos recopilados de fuentes oficiales, el costo de la energía a nivel nacional aumentó un 687% en el período comprendido entre marzo de 2023 y enero de 2025. Sin embargo, a nivel provincial, el incremento de la tarifa final prácticamente habría duplicado ese porcentaje, generando incertidumbre entre los usuarios y sectores productivos.
En particular, el segmento Residencial N1 —usuarios sin subsidios— sufrió un aumento del 697% en el caso de la distribuidora Edersa y del 682% para la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), de acuerdo con datos disponibles en la página oficial de CAMMESA.
Sin embargo, a nivel provincial, la falta de información oficial dificulta una evaluación precisa del impacto de estos aumentos. Por esta razón, la CAIC recurrió a estudios realizados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP UBA-CONICET, los cuales indican que la tarifa final en Río Negro registró un incremento del 1.428% en el mismo período. Este porcentaje refleja que el valor que abonan los consumidores en la provincia es significativamente mayor al ajuste aplicado por Nación, generando dudas sobre la estructura de costos y la incidencia de las distribuidoras en el valor final de la factura.
“A enero de 2025, Edersa es responsable de casi el 50% del monto de la factura, duplicando el costo que determina Nación”, advirtieron desde la CAIC. El sector productivo, en especial las cámaras frigoríficas ligadas a la conservación de la fruticultura, también se encuentra en alerta debido al impacto que estas tarifas tienen sobre la competitividad regional. En un contexto de crisis económica y dificultades para sostener la rentabilidad, los costos energéticos elevados afectan especialmente a las pymes, comercios y empresas vinculadas a la actividad frutícola del Alto Valle.
Desde la CAIC anunciaron que continuarán monitoreando la evolución de las tarifas y difundiendo información actualizada con el objetivo de esclarecer la situación y reclamar una tarifa justa que no afecte la sostenibilidad del sector productivo ni el poder adquisitivo de los consumidores.